A ponernos la “toga de adultos”…la Reforma del Sistema de Retiro de Maestros-Parte II

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Por Samuel Caraballo-López

En la primera parte de esta serie de artículos comencé a explicar los argumentos en derecho asumidos por los jueces del Tribunal Supremo en la decisión de inconstitucionalidad de la Ley 160-2013, ley de Reforma del Sistema de Retiro de Maestros (SRM).  En esta sección profundizaré en los argumentos iniciales que sostuvieron el razonamiento de cinco (5) de los nueve (9) jueces del más alto tribunal del país.

Es importante a la luz de esta doctrina judicial que se armonice el interés del Estado con el interés de los afectados,  en este caso los maestros participantes del sistema de retiro.  Por lo tanto el criterio ha utilizar para evaluar la constitucionalidad de esta ley,  es preguntarnos,¿puede el Gobierno, antes de que un empleado se jubile, enmendar los términos de su Sistema de Retiro,  de forma razonable y necesaria para lograr la solvencia actuarial del mismo? El Tribunal entiende que sí puede, siempre y cuando el propósito gubernamental que justifica el cambio sea importante y se logre mediante la medida adoptada.   De hecho el  Tribunal sostiene de que  en el caso de que un sistema de retiro gubernamental  realice una reforma razonable y necesaria para adelantar la solvencia actuarial, y no existen medidas menos onerosas que las adoptadas para lograr dicho fin,  esta medida será constitucional, como lo fue el caso del Sistema de Retiro de los Empleados de Gobierno de Puerto Rico y sus instrumentalidades.

Sin embargo, lo anterior no ocurre con la Ley 160-2013, porque existían otras medidas menos onerosas no consideradas por la legislatura, aun cuando estas le fueron sometidas por los gremios magisteriales e inclusive por un Comité de Diálogo y Negociación creado por el mismo gobierno.  Este Comité estaba  compuesto por personalidades del poder ejecutivo, como el Hon. Dr. David Bernier, Secretario de Estado y el Hon. Vance Thomas Rider, Secretario del Trabajo; junto al Monseñor   Roberto González, Arzobispo Católico de San Juan, Rvdo. Ángel Luis Rivera, Secretario Ejecutivo del Concilio de Iglesias de Puerto Rico,  la Alcaldesa de San Juan, Hon. Carmen ” Yulín” Cruz, Secretario del Concilio de Iglesias, el Alcalde de Toa Alta Hon. Aníbal Vega Borges,  entre otros ciudadanos respetables.  Las medidas viables, que podrían solventar la crisis actuarial del SRM, sometidas por este Comité no fueron consideradas por la legislatura.

El Tribunal entendió que las partes demandantes probaron que la medida impugnada era irrazonable e innecesaria.  Los demandantes alegaron que la Asamblea Legislativa al aprobar esta  ley 160-2013, no consideró las repercusiones que tendría la misma sobre el retiro masivo e inmediato de maestros y  su efecto sobre la solvencia del SRM.  Demostraron además que el retiro anticipado de miles de maestros (cerca de 7,000)  provocado por esta ley, agravaría sustancialmente la situación ya precaria del SRM.  El Tribunal Supremo reconoce que debido a la prisa por aprobar esta ley antes de la Noche Buena, los legisladores no hicieron una cuidadosa evaluación de las repercusiones de  esta jubilación anticipada. Dada esta realidad las medidas adoptadas no garantizan la solvencia económica del SRM,  todo lo contrario coloca al SRM en una posición más precaria.  Esto claramente significa que la Ley 160-2013 es irrazonable y por lo tanto inconstitucional.

El tribunal Supremo hace  una declaración que va dirigida al poder ejecutivo y que es necesario  copiarla tal como fue expresada:

“La diferencia a la política pública legislada no significa la abdicación de nuestro deber constitucional de defender los derechos civiles de quienes reclaman válidamente la reparación judicial de un agravio.”

Ahora nos resta orar y mantener la actitud de colaboración con el poder legislativo para que se pueda lograr una reforma del Sistema de Retiro de Maestros que les haga justicia a estos obreros de la educación, pieza fundamental del sistema educativo del país.  ¡Muchas bendiciones!

 

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