El Repostero Audaz: Jack Phillips vs. The Colorado Civil Rights Commission… sus Implicaciones sobre la libertad religiosa-Parte II.


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Por Samuel Caraballo-López

En esta segunda parte continuaremos con la explicación de este caso tan importante para la libertad religiosa de cada persona que profesa una fe.  Te invito a leer y opinar al respecto.

El Repostero reclama y la Comisión contraataca

Jack Phillips no estuvo de acuerdo con la determinación de la Comisión de Derechos Civiles de Colorado que explicamos en el artículo anterior.  Con la asistencia legal de la Alliance Defending Freedom (ADF), acudió ante el Tribunal de Apelaciones de Colorado, que confirmó la determinación dada por de la Comisión.

Frente a esta segunda derrota, Phillips presentó dos (2) demandas constitucionales ante un Juez de Derecho Administrativo (ALJ), reclamando que la determinación de la Comisión que le exigía confeccionar un bizcocho (genérico) para bodas entre personas del mismo sexo violaría su derecho a la libertad de expresión protegida por la Primera Enmienda, ya que lo obligaba a ejercer sus talentos artísticos para expresar un mensaje con el que no estaba de acuerdo. Phillips también sostuvo que exigirle que confeccionara bizcochos para bodas entre personas del mismo sexo violaría su derecho al libre ejercicio de la religión, también protegido por la Primera Enmienda.

En los Estados Unidos un Juez de Derecho Administrativo (ALJ) es un juez que preside las audiencias administrativas.  Este juez (ALJ) tiene el poder para tomar juramentos, emitir fallos y determinaciones legales y fácticas, que involucran el derecho administrativo.

El Juez rechazó la afirmación de que obligar a preparar un bizcocho de bodas para parejas del mismo sexo es una forma de discurso protegido, y no estuvo de acuerdo con que la confección de dicho bizcocho obligara a Phillips a adherirse a “un punto de vista ideológico” contrario al suyo. La aplicación de la ley anti-discrimen de Colorado (CADA) a los hechos en cuestión, según el punto de vista del ALJ, no interfería con la libertad de expresión de Phillips. Por lo tanto, el ALJ falló en contra de Phillips y su tienda, y en favor de Craig y Mullins (la pareja del mismo sexo) en ambos reclamos constitucionales. Tanto la Comisión como el Tribunal de Apelaciones de Colorado afirmaron la decisión del ALJ.

Además, la Comisión ordenó a Phillips un “cese y desista de discriminar” a las parejas del mismo sexo rehusándose a venderles bizcochos de boda o cualquier producto que él vendía a las parejas heterosexuales.

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Vamos al Tribunal Supremo

Phillips, a través de la Alianza de Defensa de la libertad (ADF), buscó auxilio en el Tribunal Supremo del Estado de Colorado, que se negó a escuchar el caso en apelación.  El único recurso que le quedaba al repostero era acudir Tribunal Supremo de los Estados Unidos para solicitar una revisión del caso, esperando que sus reclamos sobre su Libertad de Expresión y religión, protegidos por la Primera Enmienda fuesen considerados.  Y así fue.

El Tribunal Supremo le otorgó en el 2017 el esperado certiorari[1].  El certiorari es un recurso extraordinario mediante el cual un Tribunal de Jerarquía superior puede revisar a su discreción una decisión de un tribunal inferior[2].

Afirma el Juez Anthony Kennedy, portavoz del Tribunal en este caso, que la Sociedad Norteamericana ha llegado al reconocimiento de que las personas homosexuales y las parejas homosexuales no pueden ser tratadas como parias sociales o inferiores en dignidad y valor.  Sin embargo, y al mismo tiempo, las objeciones religiosas y filosóficas al matrimonio de parejas del mismo sexo son puntos de vista protegidos y, en algunos casos, formas de expresión protegidas. La Primera Enmienda de la Constitución asegura que las organizaciones religiosas y las personas tienen la protección adecuada mientras enseñan los principios que son tan satisfactorios y tan centrales para sus vidas y su fe.

El Tribunal Supremo declara que cuando se trata de bodas, se puede suponer que un miembro del clero que objete el matrimonio de parejas del mismo sexo, por motivos morales y religiosos no puede ser obligado a realizar la ceremonia, ya que está protegido por su derecho al libre ejercicio de la religión. Esta negativa sería bien comprendida en nuestro orden constitucional como un ejercicio de religión, un ejercicio que los homosexuales podrían reconocer y aceptar sin una seria disminución de su propia dignidad y valor.  Ahora bien, reconocemos que esta excepción tiene que ser limitada por la necesidad de servicios, que al igual que los heterosexuales, tienen las personas y parejas homosexuales.

El Tribunal analiza el Caso de Phillips

En el caso del propietario de Masterpiece Cakeshop, Jack Phillips, sin embargo, se presenta un problema más específico. Él argumenta que utilizar sus habilidades artísticas para confeccionar un bizcocho de boda para parejas del mismo sexo es declarar un respaldo a dicha ideología con su propia voz y con su propia creación. Desde esta perspectiva, Phillips ve el caso como uno relacionado a la Primera Enmienda, porque hay un discurso presente en su creación artística relacionada a sus sinceras y profundas creencias religiosas.

En este contexto, el repostero encontró muy difícil armonizar los derechos de los clientes homosexuales de acceso a los bienes y servicios que su negocio ofrecía con el derecho que él tenía a ejercer su propia expresión personal de manera consistente con sus creencias religiosas.  He aquí el centro de esta disputa.

No hay duda de que se da un dilema moral y religioso en Phillips, que el Tribunal Supremo lo ve comprensible, ya que en ese momento (2012) no existía el matrimonio de parejas del mismo sexo en Colorado, porque el propio Estado no permitía que esos matrimonios se realizaran. Es por esto por lo que el Tribunal reconoce la fuerza del argumento de que el repostero no fue irracional al considerar legítimo negarse a tomar una acción que él entendió que era una expresión de apoyo  a la validez de los matrimonios de parejas del mismo sexo.  Así que negarse a confeccionar bizcochos de bodas para parejas del mismo sexo, era también una negativa para expresar un mensaje en apoyo a dichos matrimonios, incluso aunque fuesen realizados en otro Estado.

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Por estas razones, el Tribunal Supremo puso en duda la honestidad e imparcialidad de la decisión tomada por la Comisión de Derechos Civiles del Colorado contra Phillips. Hay varios indicios que demuestran dicha hostilidad por parte de la Comisión hacia el repostero, y entre ellos fue la diferencia en el trato del caso de Phillips y los casos de otros reposteros que por motivo de conciencia objetaron el confeccionar bizcochos solicitados, y que prevalecieron ante la Comisión.

Hubo al menos tres (3) ocasiones, en que la División de Derechos Civiles de Colorado consideró la negativa de otros reposteros a confeccionar bizcochos con imágenes y textos religiosos que transmitían la desaprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo. En cada uno de los casos mencionados la Comisión encontró que el repostero actuó legalmente al rechazar dar el servicio. Según la Comisión en estos casos los reposteros actuaron correctamente porque se incluían palabras e imágenes que estos consideraba despectivos para las parejas del mismo sexo.

Esta diferencia en el trato realizada por la Comisión emite una opinión de lo que es ofensivo y envía una señal de desaprobación oficial a las creencias religiosas de Phillips. Es muy importante entender que las acciones de un Tribunal de Justicia hablan claramente sobre su percepción de lo correcto o incorrecto, aún cuando podamos escribir alguna nota al pie de página justificando nuestra acción. Mucho cuidado porque la mayoría de las veces nuestras acciones son nuestras verdaderas creencias.

El Tribunal Supremo decide

Por las razones que acabamos de describir, el tratamiento dado por la Comisión al caso de Phillips violó el deber del Estado en virtud de la Primera Enmienda de no basar las leyes, reglamentos o decisiones en la hostilidad hacia una religión o punto de vista religioso.  La imparcialidad es un requisito “sine qua non” para la justicia.

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El Tribunal Supremo ha establecido claramente que el gobierno, respetando la garantía constitucional de libre ejercicio, no puede imponer regulaciones que sean hostiles a las creencias religiosas de los ciudadanos afectados y que no pueden actuar de manera tal que juzguen o presupongan la ilegitimidad de las creencias y prácticas religiosas[3].

La Cláusula de Libre Ejercicio excluye incluso “sutiles desviaciones de la neutralidad” en asuntos de religión. Aquí, eso significa que la Comisión estaba obligada bajo la Cláusula de Libre Ejercicio a proceder de una manera neutral y tolerante con las creencias religiosas de Phillips, lo que no hizo. La Constitución “compromete” al gobierno mismo con la tolerancia religiosa, y ante la leve sospecha de que las propuestas de intervención estatal derivan de la animosidad hacia la religión y sus prácticas, todos los funcionarios deben hacer una “pausa” para recordar su alto deber con la Constitución y los derechos que ésta garantiza.

En vista de estos factores, la evidencia demuestra, que en  la consideración de la Comisión del caso de Phillips no hubo tolerancia ni respeto de las creencias religiosas del afectado. La Comisión dio “toda apariencia”, de adjudicar la objeción religiosa de Phillips basada en una evaluación particular, atribuyendo una carga negativa a la objeción y los argumentos religiosos que este esgrimió.

No es necesario repetir que el gobierno no tiene ningún papel en decidir o incluso sugerir si el motivo religioso para la objeción basada en la conciencia de Phillips es legítimo o ilegítimo. Sobre estos hechos, el Tribunal Supremo dedujo que la objeción religiosa de Phillips no fue considerada con la neutralidad e imparcialidad que requiere la Cláusula de Ejercicio Libre.[4]

El Tribunal declara que la hostilidad de la Comisión no concuerda con la garantía de la Primera Enmienda que requiere que las leyes se apliquen de una manera neutral respecto de la religión. Phillips tenía derecho a que se tomara una decisión neutral, que considerara en forma justa y completa su objeción religiosa. Es por eso que el Tribunal, por las razones expuestas, declaró que las resoluciones que tomó la Comisión de Derechos Civiles del Estado de Colorado contra Phillips y su empresa eran inválidas.MasterpieceCakes_HPQuad.

Ahora bien, es bueno mencionar que el Tribunal Supremo ha aclarado que  los casos posteriores que se susciten sobre estas o similares preocupaciones en el futuro, se resolverán en dicho horizonte.  En este caso, la adjudicación se refiere a un contexto, que bien podría ser diferente porque los seres humanos y las circunstancias pueden cambiar en el futuro en los aspectos mencionados anteriormente.

Este caso arroja luz y nos alerta sobre para la consideración que deben tener las instancias judiciales, sean Comisiones,  Oficiales examinadores y Tribunales,  en los casos relacionados a la libertad religiosa, recordando que la imparcialidad y neutralidad son necesarias para considerar objeciones basadas en sinceras creencias y convicciones, manteniendo siempre el balance entre las partes afectadas, a la hora de ejercer el deber ministerial de hacer justicia.

Esperamos que esta decisión judicial siente un precedente para que nuestros tribunales e instancias de orden sean más cautelosas y ponderadas a la hora de ejercer su misión de impartir la justicia.  ¡Muchas bendiciones!

 

Notas:

[1]Masterpiece Cakeshop, LTD., Et Al. v. The Colorado Rights Civil Commission, 582 US__ (2017).

[2] http://www.popjuris.com/diccionario/definicion-de-certiorari/

[3] Church of Lukumi Babalu Aye, Inc. v. Hialeah, 508 U. S. 520, 540– 542 (1993)

[4] Masterpiece Cakeshop, LTD., Et Al. v. The Colorado Rights Civil Commission, 584 US__ (2018).

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